Qué es la Ley de Nietos

La Ley de Nietos no es una ley: es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que ha regalado la nacionalidad española a los descendientes de quienes salieron de nuestro país a partir de 1936 por motivos políticos. Cuatro días después, una instrucción firmada por la hermana del ministro Óscar Puente borró ese requisito y ensanchó la puerta sin pasar por el Congreso.

Se han presentado 2,45 millones de solicitudes, el censo de personas con derecho a voto en el extranjero ha crecido con miles de altas cada mes y cada nuevo votante registrado elegía desde fuera en qué provincia votar. No hace falta meter votos en una urna si se fabrica el electorado que la llena.

VOX lo ha parado. A petición de VOX, el Tribunal Supremo suspendió en septiembre los efectos electorales de esas inscripciones y el 12 de octubre lo confirmó al rechazar el recurso del Gobierno: en las generales del 29 de noviembre no contarán los votantes de la Ley de Nietos, salvo quienes acrediten de verdad que descienden de exiliados. El riesgo no ha desaparecido, y VOX seguirá vigilante.

VOX la ha parado en el Supremo

Gracias a VOX, la Ley de Nietos no va a decidir las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo que VOX denunció en el Congreso, ante la Junta Electoral, en Bruselas y ante la Comisión de Venecia lo llevó en julio al Tribunal Supremo, y allí lo ha ganado.

El 8 de septiembre de 2026, a petición de VOX, la Sala Tercera del Supremo suspendió de forma cautelar los efectos electorales de las inscripciones en el censo exterior de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos. Dos días después explicó por qué: ve un «peligro fundado, real y serio» de que el aumento del censo exterior afecte a la objetividad y a la transparencia de las elecciones.

El Gobierno, la Abogacía del Estado y la Fiscalía pidieron que se levantara. El 12 de octubre el Supremo rechazó el recurso del Gobierno por cinco votos a uno y confirmó la suspensión en su integridad, porque «el riesgo de que se constituya irregularmente un censo de electores persiste con la misma intensidad». Y le reprochó que no hubiera acreditado que la estaba cumpliendo.

  • 163.020 votantes de la Ley de Nietos ya inscritos en el censo exterior que no votarán el 29-N, salvo que acrediten que descienden de exiliados
  • 5 magistrados del Supremo rechazaron el recurso del Gobierno

Pero el riesgo no ha desaparecido. La suspensión es cautelar y el Supremo aún tiene que resolver el fondo. El Gobierno busca cómo llevar el caso al Tribunal Constitucional y desde su entorno se anima a los afectados a recurrir, y nadie sabe todavía hasta dónde podrá interferir. Además, la llave la tienen los consulados: son ellos los que certificarán, bajo su responsabilidad, quién desciende de verdad de un exiliado y puede votar, mientras el Gobierno asegura que no sabe identificar a esos votantes en el censo.

VOX estará vigilante para que la decisión del Supremo se cumpla en cada consulado y en cada voto que llegue desde el extranjero.

Cómo pretendían alterar el censo

La Ley de Nietos no fue un error: fue un plan premeditado para alterar el censo electoral, y cada pieza del plan encajaba con la siguiente.

  1. Primero desapareció el voto rogado, el trámite que obligaba a cada español residente fuera a pedir su documentación electoral antes de cada convocatoria; la reforma se tramitó a la vez que la Ley de Memoria Democrática, en 2022.
  2. Después llegó la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que abrió de par en par la nacionalidad española para el resto del mundo.
  3. El siguiente paso fue la instrucción de la hermana de Óscar Puente, a través de la que han convertido en un coladero la ley que ya estaba pensada en su origen en dividir y enfrentar a los españoles.
  4. Y, por supuesto, la maquinaria para que todo vaya muy deprisa: se han realizado más de 2.000 contrataciones para reforzar la red consular, un contrato millonario donde se ha incluido al régimen cubano para garantizar la creación de esos nuevos votantes.
  • 2,45 millones de solicitudes de nacionalidad gracias a la Ley de Nietos
  • 461.858 votantes nuevos en el censo del exterior desde que se aprobó la ley
  • 20,2 ha crecido el censo de votantes en el extranjero en menos de cuatro años
  • 520.203 inscritos en Argentina, más que en 26 provincias españolas

El sistema electoral español reparte los escaños provincia a provincia y el último se decide en muchas de ellas por un puñado de papeletas. En la provincia más ajustada de España le faltaron 1.248 votos al PSOE para llevarse un escaño más (Tarragona). Cada nuevo votante gracias a la Ley de Nietos entraba en el censo y podía elegir la provincia en la que votar prácticamente sin control. Y cuando no podía acreditar vínculo con ninguna provincia, quien elegía dónde iba a votar era el propio consulado. Solo después de que VOX ganara en el Supremo, la Junta Electoral anunció que exigirá justificar ese arraigo.

El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ha pasado de 2.285.830 electores, cuando se aprobó la ley, a 2.747.688, que son hoy el 7,1 % de todo el censo español, y entraban entre 10.000 y 16.000 altas cada mes hasta que VOX lo frenó en el Supremo. Solo en Argentina, el mayor foco, hay ya 520.203 electores inscritos: más que en 26 provincias españolas.

Ese peso tampoco se reparte por igual. En Orense el voto exterior ya es el 30,8 % del censo de la provincia, y en Madrid ha crecido un 36,7 % desde que se aprobó la ley. De todo el voto exterior escrutado desde que está en vigor la Ley de Nietos, el 27,0 % fue al PSOE en las distintas elecciones celebradas.

En las cuatro últimas elecciones autonómicas (Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Aragón) el PSOE ganó el voto exterior mientras perdía las elecciones aquí, en España.

En Andalucía se ve muy claro: en 2022, cuando aún había que pedir el voto, el PP ganó en el exterior por 1.881 papeletas frente a 1.826; en 2026, ya sin voto rogado, el PSOE se llevó 6.703 frente a 6.307, con una participación exterior multiplicada por cuatro.

El voto por correo, el gran agujero

Con la Ley de Nietos frenada, queda el otro agujero del voto exterior. Un español que vota por correo desde España tiene que identificarse tres veces: al solicitar el voto, al recibir la documentación y al entregarla. Un votante en el extranjero gracias a la Ley de Nietos no tiene que identificarse ninguna sola vez. Su sobre no viaja certificado, de modo que nadie comprueba que lo devuelva el votante, ni siquiera que fuera él quien recibió la documentación. Hoy, sin el voto rogado, el material electoral sale automáticamente hacia todos los inscritos en el exterior, esté cada uno donde esté y sepa o no que va a recibirlo.

  • 3 se identifica quien vota por correo desde España
  • 1,13 millones recibe la Cuba comunista para controlar quiénes votan en las elecciones españolas
  • 350.000 solicitudes salieron de Cuba: una de cada siete del mundo

Los sobres que llegan a los consulados tampoco se custodian en urnas selladas como las de un colegio electoral, y en ese recorrido no hay interventores ni apoderados de los partidos vigilando nada. El único control que se hace en España es el escrutinio, y es un control documental: tan solo se comprueba que los papeles concuerden entre sí, no que exista la persona real que figura en esos papeles ni que fuera esa persona quien votó.

A eso se le suma lo que no se publica ni cuántos votos recibe cada consulado, ni la participación desglosada por países, ni el resultado de cada oficina por separado. Sin esos datos, nadie desde fuera puede detectar un salto de participación donde no debería haberlo.

Además, los plazos no coinciden: la votación presencial en los consulados cierra tres días antes de la jornada electoral, mientras que el voto por correo puede enviarse hasta cinco días antes y llegar hasta dos días antes. En ese desfase de tiempo se abre una ventana en la que se sabe quién no ha ido a votar todavía.

El caso cubano

Donde se ve todo esto junto es en Cuba. Allí es el régimen comunista el que expide las partidas que acreditan el origen español y el que las legaliza, el que pone, mediante un contrato de 1.131.295 euros con una empresa estatal, a 88 personas elegidas por el régimen cubano a tramitar los expedientes dentro del consulado español; y el que transporta después las papeletas por su servicio de correos.

En ninguno de esos pasos interviene una verificación independiente: son expedientes que dependen en su totalidad de papeles que emite la dictadura comunista de Cuba de camino a España.

La instrucción de la hermana de Óscar Puente

Cuatro días después de que la Ley de Memoria Democrática entrara en vigor, el 25 de octubre de 2022, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó una instrucción que desarrollaba la disposición adicional octava, es decir, la Ley de Nietos.

Firmaba Sofía Puente Santiago, entonces directora general y hermana de Óscar Puente.

Esa instrucción es la pieza clave de todo esto, y tal y como denuncia VOX no es un mero desarrollo de la ley, es una ampliación.

La hermana de Puente consiguió tres cosas que los diputados no votaron en el Congreso:

  1. Da por exiliado a cualquiera que saliera de España entre julio de 1936 y diciembre de 1955, sin pedirle que lo acredite, con lo que alcanza a descendientes de emigrantes que se marcharon décadas antes de la Guerra Civil y que nunca fueron exiliados de nada.
  2. Exime de renunciar a la nacionalidad anterior, cuando el Código Civil lo exige salvo en los casos que este mismo enumera.
  3. Y convierte lo adquirido en nacionalidad de origen, categoría que la Constitución protege de cualquier retirada, pese a que la ley remitía al artículo del Código Civil que regula algo distinto.

En 2024 llegó una segunda instrucción que además estiró el plazo.

Y en junio de 2026 el partido de Abascal registró ante la Secretaría de Estado de Justicia una solicitud de revisión de oficio para que la instrucción se declare nula de pleno derecho, con suspensión cautelar mientras se resuelve.

En septiembre, VOX amplió la querella a la presidenta del INE, responsable de la Oficina del Censo Electoral, y aportó al Supremo dos oficios de 2023 firmados por Sofía Puente que, según el partido, comunicaron a los consulados que la nacionalidad no tenía límite de generaciones.

El fraude de la Ley de Nietos, en la prensa

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